La Comisión de Economías Regionales de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley del Diputado Mariano Federico West orientado a crear un régimen especial de protección y fomento destinado al sostenimiento de la economía e incremento de la calidad de vida en los “pequeños pueblos”, definiendo de ese modo a aquellos que se encuentren por debajo de los 5.000 habitantes.
Si bien constituyen un universo muy heterogéneo, esos conglomerados están expuestos a una tendencia (universal) de mayor crecimiento relativo de las ciudades medianas y grandes y en el caso argentino en particular, han padecido de un agudo problema político: la indiferencia.
En ese contexto la iniciativa de West, intenta revertir la situación. El proyecto de Ley, de naturaleza en extremo genérica, impulsa fundamentalmente la creación de un “órgano de aplicación nacional de la Ley” cuya finalidad planteada es centralmente coordinadora de las políticas públicas nacionales con impacto territorial, y propone la metodología de la planificación estratégica como modelo de articulación de actores en el territorio.
Ahora bien, corresponde preguntarse: ¿es suficiente ese impulso? La radicación de las personas y su contracara: las migraciones y la organización del territorio, no son materias que puedan afectarse reclamativa o sencillamente. El desequilibrio territorial de Argentina, no es fruto de un error coyuntural ni de un designio de la naturaleza; e incluso el fracaso de las iniciativas que intentaron revertirlo deberían ser tomadas seriamente en cuenta.
En ese sentido, no es menor destacar que la suma de los aproximadamente 2300 gobiernos locales de Argentina (excluida –obviamente- la Capital Federal) ejecutan menos del 7 % del gasto público consolidado. O sea cada 100 pesos que gasta el Estado en su conjunto, sólo 7 son ejecutados por gobiernos locales. Comparemos: esa cifra en Méjico se eleva al 9 % (casi 30 % más), en Brasil es cercana al 10 % (casi 50 % más), en España (que no es federal!! Supera el 11 %).
La debilidad fiscal de los gobiernos de proximidad, degenera en “otras anomalías”: captación política, aceptación de cualquier propuesta de inversión desde los niveles superiores de gobierno, pero sobre todo una cultura política muy alejada de cualquier posibilidad de promoción económica local.
Una estructura administrativa federal que se proponga la coordinación de acciones puede merecer una buena lectura; pero la revisión de la organización territorial argentina es un tema complejo, que implica “meter las patas en el barro” de las imposibilidades argentinas (como la coparticipación federal).
Por lo demás la Ley tiene en mi modo de ver tres “problemas técnicos”:
- Como resolver el tratamiento de las localidades que no son Municipio (en el caso de las Provincias de régimen de municipio- partido, son muchas), y donde por lo tanto sus autoridades locales carecen de legitimidad democrática directa.
- Al establecer exclusivamente el patrón demográfico se beneficiarían localidades de menos de 5.000 habitantes “muy ricas”.
- No prevé recursos para cumplir sus objetivos.
Quizás para mejorar una iniciativa, que merece apoyo por sus nobles intenciones, habría que poner en discusión 4 ejes:
- La actitud de los gobiernos provinciales hacia las pequeñas localidades
- El soporte infraestructural de dichas localidades
- Eventualmente la creación de un fondo específico (siguiendo los modelos europeos en la materia)
- La política fiscal, y su integración a entornos económicos competitivos.
La organización territorial de un país no puede estar determinado en exclusiva por el mercado, y tampoco ignorar el mismo; hace falta criterio, visión de largo plazo, iniciativas legislativas, recursos y mucha gestión.